EL “BAGUAZO” Y LA MUERTE DE PERUANOS EN LA AMAZONÍA

Bagua significó la precipitación de un gobierno por no saber manejar políticamente una protesta muy grande como fue la de las comunidades nativas (Awajún y Wampis). Hubo una irracional orden desde el más alto nivel del gobierno para acallar esa protesta y desalojar, a como dé lugar, a los nativos”, dijo Quispe, quien ve tres casos del Baguazo.
“Fue una pobre actuación del Poder Judicial que lo único que ha hecho hasta la fecha es sucumbir ante las presiones políticas y procesar a muchos nativos sin pruebas suficientes de su vinculación con los delitos por los que los procesaron”, agregó.

CÓMO FUE 
La mañana del 5 de junio de 2009 se desató el brutal desalojo en la Curva del Diablo, presuntamente por orden del expresidente Alan Garcia a través de la entonces ministra del Interior Mercedes Cabanillas, según el valiente informe del excongresista Guido Lombardi, al que se le restó importancia durante las investigaciones del caso.
Esa misma fecha se generó una reacción en cadena. Los indígenas se enteraron por radio del operativo en la Curva del Diablo en la Estación 6 de Petro Peru en el centro poblado de Kuzu-Grande donde tenían retenidos a Policias a quienes mataron.
Mientras eso ocurría en Bagua el entonces presidente Alan Garcia declaraba en Lima que 400 mil nativos en protesta no podían decirle a 28 millones de peruanos “tú no tienes derecho de venir por aquí”.
“Eso es un error gravísimo y quien piense de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo”, fue su argumento.

La resistencia indígena fue por la aprobación de varios decretos legislativos, como el 1064 y el 1090, que afectaban la propiedad de sus tierras comunales habitadas por sus ancestros.
“El propio paro amazónico empieza el 10 de abril del 2009 y culmina el 5 de junio con el desalojo en la Curva del Diablo, desde entonces ha habido tensas situaciones para derogar los decretos legislativos que las comunidades nativas consideraban lesivos”.
Las raíces del conflicto tuvieron lugar entre el 2000 y el 2007 cuando las comunidades Awajún y Wampíes ya reclamaban al Estado que su territorio sea categorizado como un Área Natural Protegida ante los intereses de la Compañía Minera Afrodita y socios que solicitaban numerosas concesiones.

Esa empresa que tenía como uno de sus socios a Carlos Ballón, amigo del expresidente García, ya estaba posicionada y advirtió continuar explorando al amparo de la legislación minera dada por el gobierno. El desenlace fue conocido como el Baguazo, el 5 de junio.

El actual presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso, destacó que una de las primeras acciones del gobierno fue corregir los errores cometidos por la administración gubernamental anterior, al promulgar y reglamentar la Ley de la Consulta Previa.

“Con ello se da una paso trascendental para evitar desbordes sociales como el Baguazo, el cual se originó porque se impone, desde arriba, criterios sin conocer la diversidad cultural, desconociendo a las poblaciones nativas, que entienden de otra manera la protección de sus recursos naturales”, manifestó. Resaltó los esfuerzos del Poder Ejecutivo y la predisposición de la clase política para evitar desbordes sociales como los de Bagua, donde murieron 34 personas, 24 policías y 10 civiles.

 “Muchas veces se forman posiciones anti, de oposición por oposición, no pensando que el Perú necesita crecer, por eso, necesitamos entendernos entre todos y a eso apunta la Ley de la Consulta Previa”, agregó.

A su juicio, el conflicto en Bagua, producido el 5 de junio del 2009, fue un hecho lamentable que da lecciones y proporciona enseñanzas a la clase política, sociedad civil y Estado para encontrar mejores elementos de participación ciudadana.

La muerte de 34 peruanos entre policías e indígenas amazónicos en un enfrentamiento injustificado, es sin duda uno de los hechos más condenables ocurridos durante el actual gobierno de Alan García. Las situaciones que desencadenaron estas muertes, revelan  una vez más- la exclusión de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana de pretendidas formas de modernización y desarrollo. La frase de Alan García, de que los indígenas de la Amazonía “no son de primera clase” para cuestionar las protestas de los pueblos indígenas amazónicos, es una clara expresión de ello.

El 5 de junio de este año 2009 el Perú fue remecido por la muerte de 34 peruanos entre policías e indígenas amazónicos en la zona de Bagua (departamento de Amazonas, al norte peruano), denominada “La curva del diablo”. El gobierno aprista con su política de clara orientación neoliberal ha pretendido concesionar a capitales externos terrenos ubicados en la Amazonía sin cumplir con lo que estipula el Convenio 169 de la OIT, que es consultar a las comunidades indígenas que habitan y cuidan de esas tierras. Las organizaciones amazónicas realizaron una huelga indefinida para reclamar sus derechos.